¿Qué le parecería perder el patrimonio que logró crear durante una vida de esfuerzo y trabajo o vivir por años con el temor que esto pueda sucederle?
Pues esto fue lo que vivió el académico y comunicador Sergio Aguayo desde que lo demandó el político Humberto Moreira por Daño Moral, desde junio de 2016 hasta este martes 15 de marzo de 2022. Seis años de angustia y gastos legales, enfrentando a un sistema de justicia que no se caracteriza por ser uno de los más eficientes y limpios del continente; que han acabado bien y no solo para el periodista, sino también para la Libertad de Expresión y su derivada la Libertad de Prensa.
Como comunicador el caso me interesó desde el principio y le he seguido la huella con gran interés por dos motivos: siento afinidad con el Doctor Aguayo, pues al igual que yo, es académico, investigador y columnista de diversos medios de comunicación y en lo personal, como jurista de profesión, reconozco la importancia de la Libertad de Expresión para la supervivencia de una vida democrática, en la que el actuar público sea sometido a la vista de la lupa de quienes se comunican con la comunidad a través de los medios de difusión.
La matanza de Allende es, como se ha denominado a los hechos acaecidos en marzo de 2011, en el noroeste del Estado de Coahuila, en México, a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos; un comando del grupo criminal de extrema violencia conocido como los Zetas, arribo al atardecer a una población y asesinó cuando menos a 40 personas, pero se cree que fueron más de trescientas y bajo circunstancias que dan a presumir el involucramiento de las autoridades, pues 20 agentes policiales recibieron instrucciones de no intervenir.
Sergio Aguayo se involucró en la investigación, que llevó a cabo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del gobierno mexicano, junto con el Colegio de México, y esto dio al investigador un conocimiento profundo tanto de los hechos como de los entramados entre los políticos y los grupos criminales.
El político mexicano Humberto Moreira acababa de dejar su cargo como gobernador del Estado de Coahuila cuando sucedieron las matanzas y accedió a la presidencia del PRI (Partido Revolucionario Institucional) de la cual tuvo que dimitir, 10 meses después, por los escándalos de corrupción en que se vio involucrado.
Fue entonces cuando se fue a España, donde se dedicó a estudiar, pero fue detenido por las autoridades de aquel país, bajo sospechas de lavado de dinero; a los pocos días salió de prisión y de inmediato abordó un vuelo para volver a México.
Sergio Aguayo publicó una columna en la que mencionó que el exgobernador Moreira despedía cierto olor a corrupción y fue esto el detonante para que Moreira emprendiera la demanda por Daño Moral contra el periodista exigiéndole una indemnización por 10 millones de pesos.
El caso fue tramitado en los tribunales de la Ciudad de México que no suelen caracterizarse por su imparcialidad. Pero aun así, un juez valiente decidió darle la razón a Aguayo, su artículo se había elaborado en ejercicio de las libertades de Expresión y Prensa, pero Moreira se inconformó ante un tribunal superior y un magistrado decidió que a Moreira le asistía la razón, por lo que el periodista tuvo que buscar defenderse a través del amparo, lo que llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió a favor del periodista.
La Corte ha decidido aplicar criterios que ha venido sosteniendo en casos similares: cuando la crítica se hace respecto del actuar de una persona que lleva una vida pública, sus actividades, tienen un interés general y, por tanto, el umbral de protección a su intimidad es menor y, por otro lado, el criterio de “malicia efectiva” que estima que solo puede haber condena a reparar el daño moral cuando se demuestre que la publicación periodística se realizó con el único afán de causar un daño o a través de una negligencia extraordinaria en la investigación de los hechos.
En el caso se decidió que la función de Moreira, tanto como Gobernador del Estado de Coahuila, como presidente del PRI, le calificaban como una figura pública sujeta al escrutinio periodístico con un bajo umbral de protección a su intimidad y que las expresiones de Sergio Aguayo se realizaron luego de una investigación seria en la que los datos fueron confirmados a través de otras publicaciones periodísticas y que por ende no existió negligencia ni se demostró una intención dañosa.
Un pequeño triunfo por la Libertad de Expresión, en un mar agitado por los ataques a la labor periodística, que se dan día tras día desde el gobierno y la criminalidad en México.
