En 1939 se presentó ante La Liga de las Naciones (predecesor de Las Naciones Unidas) la postura de México progresista para la regulación del uso de drogas, apoyado por algunos países y altamente criticado por Estados Unidos.
En vista de los resultados de la guerra contra las adicciones y drogas, teniendo como resultados altos índices de violencia, desapariciones y muertos, México optó (por un breve periodo) la opción de la reglamentación del empleo de drogas, así como su venta y distribución. Fue por mandato del presidente en turno: Lázaro Cárdenas, el cual en 1940 promulgó un Reglamento Federal de Toxicomanías en el que se elimina como delito la posesión, el consumo y venta de drogas.
A su vez, el reglamento dejaba de considerar como criminal aquel que abusaba del consumo de drogas, y ahora pasaba a ser catalogado como enfermo, por lo que ese último adjetivo a su vez señala un posible tratamiento o cura.
El Estado tomó el poder de las drogas que ahora eran consideradas como fármacos, abriendo dispensarios de los cuales el Departamento de Salubridad se encontraba a cargo, así como de su suministro y tratamiento para las personas con algún tipo de dependencia. Los profesionales de la salud suministraban los “fármacos” en dosis exactas, con un tratamiento adecuado para dejar al “paciente” en un estado que pudiera ser funcional, así como ir regulando su dosis para ir bajando la dependencia e ir insertando a la sociedad como un paciente en vías de recuperación.
Las estrategias del gobierno de Lázaro Cárdenas fueron fuertemente criticadas por los conservadores, la prensa y sobre todo por Estados Unidos, el cual presionaba y boicoteaba, saliendo victoriosos. Y en junio del mismo año, el presidente Cárdenas tuvo que detener su visión progresista y suspender la regulación dentro del Reglamento, a sus escasos cinco meses de haber entrado en marcha, en el cual se monitoreaba un marcado progreso ante la violencia y una esperanzadora cura para el ahora “enfermo” el cual buscaba su reincorporación a la sociedad.
