Las negligencias médicas y la violencia obstétrica representan dos grandes problemas en nuestro estado. Y a pesar de que el congreso ha presentado iniciativas al respecto continúan sin ser atendidos por las autoridades, debido a la presión política que ejerce el gremio médico.
La violencia obstétrica ya es delito en el estado de Chihuahua, pero sin castigo. Por iniciativa de la diputada Teporaca Romero del Hierro se logró incluir el concepto de violencia obstétrica en el artículo 5, de Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 16 de Julio de 2014.
En esa definición se condena que el personal de salud denigre a las mujeres embarazadas, tanto en el proceso del parto como posterior a éste. Pero aún no está legislada una consecuencia penal para este delito; para lograrlo se tendría que reformar el Código Penal del Estado, cosa que intento hacer la diputada priísta pero desistió ante las críticas y presiones políticas del gremio de la salud y del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Chihuahua.
Lo alarmante es que siendo Chihuahua una de las entidades con el mayor número de defunciones maternas en el país, tanto de mujeres como de niños al nacer por complicaciones de parto, la violencia obstétrica se encuentre apenas en proceso de concientización.
“El proceso de penalización estuvo lleno de complicaciones. El colegio de ginecólogos se escandalizo al debatir que les estaríamos limitando su quehacer profesional” dijo la diputada, y agregó que ve muy difícil la posibilidad de que se logre reformar el código penal, ya que hay muchos intereses de por medio, y confesó que ella misma debe respetar y seguir la línea que le marca su bancada en el congreso.
Lo que nos deja expuesto una vez más, que los intereses políticos de los más poderosos y de sus compadres son primero que la salud e integridad de los ciudadanos. Y además, como coloquialmente se dice “el miedo no anda en burro”.
Por lo anterior la diputada dejó un poco de lado el tema de la violencia obstétrica, pero no el de la salud; el 31 de agosto de este año dio a conocer la iniciativa de crear una Comisión Estatal de Arbitraje Médico como un organismo de conciliación descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Actualmente sólo cinco entidades carecen de una Comisión Estatal de Arbitraje Médico, entre ellas Chihuahua, a pesar de que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibió el año pasado 492 quejas por parte del estado, mientras que fueron un total de 17 mil las que se recibieron en todo el país.
La función de este organismo sería la de promover una práctica médica de calidad, mejorarla en sus deficiencias y resolver las inconformidades de los usuarios que se relacionen con irregularidades en la prestación del servicio.
Lo que irónico es que los médicos en vez de defender la apertura de un organismo que les ayude a defender los derechos de los pacientes, son los que se oponen principalmente a su creación. Algunos como el doctor Adalberto de los Ríos Merino hasta declararon su inconformidad argumentando que “la diputada Romero está í¢â‚¬Ëœsatanizandoí¢â‚¬â„¢ el actuar de los profesionales de la medicina”.
No cabe duda que la desinformación resulta perfecta para la manipulación. Y podrán decirse muchas cosas más pero en los hechos; Chihuahua necesita una Comisión Estatal de Arbitraje Médico que verdaderamente cumpla su función conciliatoria y que promueva una práctica médica de calidad y eso no se lograra nunca si se continúan protegiendo los intereses particulares del gremio de la salud en lugar del bienestar social.
