Poe: Luisa Ordoñez Lira y David Morales García.
De acuerdo a una encuesta practicada a una muestra de 32 personas (20 mujeres y 12 hombres), la mayoría de los consultados estaría de acuerdo en reintroducir la pena de muerte en la Constitución Mexicana, con el objetivo de que figure entre los castigos a aplicarse en el caso de que alguien cometa un delito grave.
Como muestran los resultados, solamente poco más del 20 por ciento de los encuestados se oponen a reintroducir la pena de muerte, mientras que la mayoría (43.8 por ciento) están de acuerdo sin miramientos, y el resto respondió que probablemente estaría de acuerdo, pero primero revisarían bajo qué condiciones se impondría.
En cuanto a los crímenes que se castigarían con pena de muerte, casi la mitad de los encuestados opinó que se debe quitar la vida, principalmente, a aquellos/as que hayan asesinado intencionalmente a una persona. En segundo lugar, se consideró justo castigar con la muerte a quienes hayan cometido algún tipo de delito sexual, y por último, a quienes hayan participado en actividades como la delincuencia organizada/narcotráfico y la trata de personas.
La mayoría (37.5%) dijo no saber si un gobierno o autoridad tiene derecho a disponer sobre la vida de una persona (pese a que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, tanto nacional como internacionalmente, sostienen que no, debido a que se viola el derecho humano fundamental, el derecho a la vida), mientras que el resto de los encuestados se dividieron a partes iguales entre quienes consideraron que nadie puede decidir sobre la vida de una persona, y los que sí.
No obstante, la mayoría de los encuestados (más del sesenta por ciento) afirmaron que la pena de muerte ofrece justicia a las víctimas de delitos graves, mientras que menos del diez por ciento dijo desconocer si efectivamente la muerte a manos del gobierno de quienes cometieron un delito grave trae justicia a las víctimas.
Un porcentaje aún mayor (75%) afirmó que la pena de muerte es eficaz para reducir la delincuencia, mientras que el resto dijo no saber o estar seguros de que dicha medida efectivamente contribuye a reducir los niveles de crímenes.
De manera similar, una amplia mayoría opinó que es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre, lo que equivale a negarle a los presos con condenas elevadas la posibilidad de reinsertarse en la sociedad.
Indudablemente, los resultados que arrojó la encuesta sorprenden por la proclividad de la muestra consultada a apoyar una medida que contradice directamente al avance del respeto a los Derechos Humanos, y está de acuerdo en traer de vuelta una medida que actualmente sólo se practica en países con dictaduras militares o teocracias (gobiernos religiosos).
