El movimiento de independencia iniciado por el sacerdote Miguel Hidalgo en Dolores, Guanajuato, se expandió por el centro del Virreinato de Nueva España, ganando fuerza tras las victorias en Guanajuato y el Monte de las Cruces; sin embargo, empezó a debilitarse tras las derrotas en Aculco, Guanajuato y Puente de Calderón.

En enero de 1811, los Caudillos Insurgentes se dirigieron hacia los Estados Unidos, con el fin de solicitar recursos para darle continuidad a la lucha armada contra el gobierno Virreinal.

En la Hacienda del Pabellón (actual Aguascalientes), Hidalgo fue destituido del “mando supremo” (“despojado por la fuerza”), pasando el mando a Ignacio Allende. Continuaron hacia el norte, llegando a Saltillo, después de ganar batallas en Aguanueva y Carnero. Allende entregó la “Jefatura Suprema de las Fuerzas Independientes” a Ignacio López Rayón mientras regresaba. Después Allende se preparó para continuar su avance hacia el norte “al frente de una sección armada que le serviría de apoyo”.

En Monclova, seguidores del rey de España organizaron una contrarrevolución, arrestaron al gobernador Insurgente Pedro Aranda, constituyeron una “Junta de Gobierno”. Esta Junta, designó a Ignacio Elizondo, al mando de 340 soldados, para descubrir a las tropas Independientes, Ignacio se apropia de las Norias de Acatita de Baján (actualmente Municipio de Castaños, Coahuila), lugar que se consideraba de “paso obligado” para la provisión de agua.

“… preparó una emboscada e hizo que el Teniente José M. Uranga enviara aviso a los jefes insurgentes en sentido de que se les estaba esperando para recibirlos y agasajarlos, como correligionarios. A la vez cortó toda clase de comunicaciones de tránsito entre Monclova y Saltillo para evitar que los insurgentes fueran a recibir aviso de que había estallado la contrarrevolución, y por conducto de Pedro Bernal, planteó al General Mariano Jiménez la conveniencia de que caminaran escalonados, a distancias proporcionadas, para que no se amontonaran en las norias y todos pudieran surtirse de agua fácilmente”.

El 21 de marzo de 1811, los Insurgentes avanzaron confiados rumbo a Monclova, al llegar donde estaba Elizondo y sus hombres; iban siendo desarmados, amarrados y a quienes intentaban resistirse se les daba muerte. El jefe de caballería que cubría la retaguardia, Gral. Rafael Iriarte se salvó “batiéndose en retirada”.

El resultado de esa acción fue de cuarenta a cincuenta fallecidos. Entre 893 y 975 Insurgentes fueron aprehendidos y conducidos a Monclova, lugar donde los subalternos fueron juzgados y fusilados, los Caudillos principales y los funcionarios se dirigirían a la Villa de San Felipe del Real, escoltados por el Teniente Coronel Manuel Salcedo (sobrino del Comandante General de las Provincias Internas, Brigadier Nemesio Salcedo, el lugar donde había sucedido la aprehensión estaba bajo su jurisdicción).

La ruta que siguieron después de entrar a territorio chihuahuense fue por la Villa de Coronado, después Villa López, Jiménez, Tierra Blanca, San Isidro, Camargo, La Cruz, Rosales, Bachimba y Mápula, llegando en el mes de abril.

La Villa de San Felipe del Real

En la cédula con fecha del 22 de agosto de 1776, se constituye la Comandancia General de las Provincias Internas, unidad a la que correspondían las “Provincias de Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa, Nuevo México, Coahuila, Texas y California, siendo la cabecera primitiva de esta el poblado de Arizpe”. Durante los años de 1788 y 1792, la capital de las Provincias Internas fue cambiada a la villa de Chihuahua. (por tal motivo los “principales jefes insurgentes, aprehendidos en territorio de Coahuila”, fueron trasladados a la Villa de San Felipe del Real para ser juzgados y ejecutados).

El comandante de la provincia, en abril de 1810, ordena a las autoridades subalternas la estricta vigilancia de sus jurisdicciones.

En octubre de 1810, Nemesio Salcedo y Salcedo, Comandante General de las Provincias Internas, tenía conocimiento del movimiento insurgente iniciado en Dolores Hidalgo, emite un decreto con fecha del 13 de octubre, precisando los siguientes puntos:

“1° Toda persona que sea probada de no haber descubierto o dado abrigo a algún emisario de los franceses, será declarado traidor, se le juzgará como tal y será ahorcado dentro de las 24 horas siguientes de su aprehensión.

2º Cualquier persona que se atreva a esparcir especies relativas a la insurrección de los pueblos, se le impondrá la misma pena de horca.

3° Cualquier persona que vierta proposiciones con objeto de formar divisiones o partidos por el mismo hecho, se hace sospechoso de traición y será juzgado conforme ese concepto.

4° Cualquier persona que por su pusilanimidad o espíritu de novelería extienda en el pueblo versiones capaces de alarmarlo, bien sea exagerando las fuerzas de los rebeldes o disminuyendo las del Gobierno y la confianza que se debe tener en él, será juzgado y sentenciado conforme a los grados de culpable, cobardía o encubierta malicia.”

En 1811, se descubrió una conspiración que involucraba a varios religiosos, (sus nombres no han sido revelados). El Obispo Olivares de Durango encargó al Canónigo Fernández Valencia investigar a los implicados. Sin embargo, la intervención del Comandante Nemesio Salcedo desbarató los planes de los conspiradores.

Las noticias del levantamiento de Hidalgo y los eventos subsecuentes llegaban constantemente, aunque distorsionadas según las inclinaciones de quienes las relataban, lo que mantuvo a la población en tensión y vigilancia durante meses, especialmente entre españoles, criollos, sacerdotes y mestizos, respectivamente.

El 28 de marzo se da a conocer la noticia a la Villa de San Felipe del Real, respecto a la aprehensión de los primeros caudillos en Acatita de Baján. “El Ayuntamiento Local acordó que al día siguiente se celebrara un Te-Deum en acción de gracias; que hubiera iluminación general en toda la población y que se adornasen las fachadas de las casas en manifestación de regocijo del público”.

El 21 de abril de 1811, el Gobernador y Comandante General, Salcedo, emitió una proclama o “bando”, en la que informaba a la población sobre la inminente llegada de los prisioneros insurgentes; en el documento, se advertía a los habitantes sobre la conducta que debían mantener al paso de los cautivos, prohibiendo asomarse desde las azoteas, formar grupos o manifestar cualquier tipo de emoción, ya fuera de desagrado o dar muestras de “una imprudente compasión”. Asimismo, se prohibió la portación de armas y la recepción de forasteros sin el previo aviso-autorización de las autoridades, la consecuencia al omitir esta instrucción era la aplicación de fuertes sanciones. Aquí unos de los puntos principales del “bando”:

“Primero. Se permite a todos los vecinos que, en el día que entren los reos, salgan a verlos en la calle o al campo, en el concepto en que no abusarán de un permiso que se dirige a satisfacer las ansias de su patriotismo.

Segundo. Se prohíbe formar pelotones, si no que deberán colocarse en una, dos o más filas a ambos lados de las carreteras, que ha de estar enteramente desembarazada; y el que advertido no se arreglare a esta orden, será arrestado y castigado.

Tercero. Nadie se subirá a las azoteas con objeto de ver mejor, ni con otro alguno, pues será castigado en la misma forma.

Cuarto. Nadie será osado de levantar el grito para increpar a los reos, ni menos dar muestras de una imprudente compasión.

Quinto. Ninguno, de cualquier estado o condición que sea, concurrirá a dicho acto con ningún género de armas, a excepción de la tropa, de todos los que gozan carácter público o se hallen ocupados en algún servicio del rey.

Sexto. Mientras no se diere destino a los expresados reos, no se consentirán pelotones de gente en las calles, particularmente en las cercanías del lugar donde se custodiaren, ni que se detengan en ella los artesanos, operarios o gente ociosa, pues todas deberán recogerse a sus casas o acudir a sus tareas y negocios como corresponde.

Séptimo. Todos los que armaren alborotos, ruidos o pleitos en las calles, serán castigados conforme a lo prevenido.

Octavo. Todo delito de robo, muerte o escándalo durante las presentes circunstancias, será considerado como delito calificado, para su castigo.

Noveno. El subdelegado, alcaldes ordinarios, junta de seguridad y tropa, velarán con la mayor vigilancia y se auxiliarán mutuamente para el cumplimiento de lo que queda prevenido.

Décimo. Ninguna persona podrá admitir forasteros en su casa, sin que haya primero presentándose al subdelegado o alcaldes ordinarios, quienes le exigirán comprobantes de los motivos de su venida, advirtiéndoles el tiempo que puedan permanecer y, fenecido, deberán volverse a presentar antes de retirarse.

Undécimo. La formal desobediencia o resistencia a los encargados de esta policía, calificará las intenciones de los contraventores, entendiéndose que su desobediencia y resistencia se dirigen expresamente a turbar la tranquilidad pública, por lo que serán castigados con arreglo también a lo prevenido”.

En el mismo “bando”, se atribuyó la captura de los insurgentes a la intervención divina, destacando el papel de soldados, paisanos e indígenas en la detención de los “perturbadores del Altar y del Trono”. Además, Hidalgo fue calificado como un “Tirano Feroz” y los demás rebeldes como “ladrones y forajidos”, no se menciona la acción de Ignacio Elizondo.

Un mes después de ser emboscados, los Insurgentes llegan a la Villa de San Felipe del Real, (23 de abril de 1811), una multitud fue testigo del desfile de los prisioneros que fueron encarcelados en el ex-Colegio de los Jesuitas (en función como cuartel de tropas de la guarnición y hospital militar) y en los anexos del Templo de San Francisco que funcionaron como celdas, permaneciendo todo en constante vigilancia por guardias.

Después se formó el Consejo de Guerra (El 6 de mayo de 1811), para juzgar a los insurgentes, compuesto por “Presidente, Teniente Coronel Manuel Salcedo; Vocales, Capitanes Simón Elías González, José Joaquín Ugarte, Pedro Nolasco Canasco y Pedro Nicolás Terrazas, Secretario, Teniente Pedro Armendáriz y Asesor, Lic. Rafael Bracho, todos ellos criollos, con excepción de Salcedo, que era peninsular”.

Las sumarias fueron formadas por el santanderino, nombrado Fiscal Francisco Ruiz de Bustamante. “Las causas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez” se encomendaron al asturiano Ángel Abella. Las de los “eclesiásticos, por el Canónigo Fernández Valentín, Fray José María Rojas y Fray José Tárraga.”

El proceso judicial continuó y como era previsible, varios de los acusados ​​fueron condenados a la pena de muerte.

Las ejecuciones se llevaron a cabo en distintas fechas:

10 de mayo de 1811, Mariscal Ignacio Camargo, Brigadier Juan Bautista Carrasco y Capitán Agustín Marroquín, (quien tenía el cargo de verdugo en ejecuciones de españoles en Guanajuato).

11 de mayo, Mariscal Francisco Lanzagorta y Coronel Luis G. Mireles (militó en las Provincias Internas de Oriente).

El 18 de mayo, el cura Miguel Hidalgo firmó, un documento en el que se retractaba de sus acciones contra Dios y el Rey, pidiendo perdón a los obispos y exhortando a los insurgentes a abandonar las armas.

El Obispo Olivares, aunque cumplió con las normas eclesiásticas ordenando la degradación de Hidalgo, se opuso a la aplicación de la pena de muerte. Consciente de que no podía evitar su ejecución, envió un emisario al Rey; también se opuso a la degradación de otros sacerdotes que habían sido llevados a Durango.

Hacia el mes de julio, el descontento generalizado hacia los métodos utilizados contra los prisioneros y el creciente apoyo a la causa de la Independencia se evidencian en un incidente en que el presbítero Mateo Sánchez Álvarez, junto con Salvador Porras y otros, conspiran para intentar salvar a los prisioneros más importantes, sin embargo, sus esfuerzos no prosperaron debido a la intensa vigilancia sobre los reos, lo que permitió que sus propósitos fueran descubiertos, dando como resultado la detención de algunos implicados.

Las ejecuciones continuaban:

6 de julio, Tesorero del Ejército Mariano Hidalgo (hermano del cura Miguel Hidalgo), Coronel José Santos Villa, Brigadier José Ignacio Rayón, Mayor de Plaza Pedro León, Mariscal Nicolás Zapata.

26 de julio, General Ignacio Allende, Teniente General Juan de Aldama, Mariscal Manuel Santamaría y Capitán General José Mariano Jiménez (que había dominado las Provincias Internas de Oriente).

27 de julio, Brigadier Onofre Portugal, Director de Ingenieros José Vicente Valencia, Ministro de Estado, Lic. José María Chico, Intendente de Hacienda, Manuel Ignacio Solís.

El Mariscal Mariano Abasolo, se retracta de su participación en la guerra, “inculpando a sus compañeros”. Fue condenado a reclusión perpetua iniciando su encarcelamiento en Encinillas. Posteriormente, su condena fue trasladada a Ceuta, donde murió en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz en 1815. De manera similar, se impuso la misma pena de prisión al Teniente Ignacio Maldonado, Capitán Juan Pablo Walger, Mariscal Pedro Aranda (10 años de prisión), Lic. Manuel Garcés, Capitán Jacinto Noroña (cinco años, sin sueldo, a ración y con recomendación de que se vigilara su conducta y conversaciones) y Teniente Carlos Martínez, Coronel Andrés Molano (prisión perpetua). Los Insurgentes restantes fueron procesados a condenas menores.

El Cura Miguel Hidalgo y Costilla permanecía bajo estricta vigilancia, preso en una celda reducida en la torre del ex-Colegio de Jesuitas. El sufrimiento se intensificaba con las noticias de las masacres que acababan con la vida de sus leales compañeros, aliados de ideales y armas; siendo especialmente dolorosa la ejecución de su hermano. El trato compasivo de sus carceleros, Don Melchor Guaspe y el Cabo Miguel Ortega, ofrecían algún consuelo en medio de la incertidumbre de su destino, que se cumpliría a las 7:00 a.m. del 30 de julio de 1811 cuando fue trasladado al patio interior del “Real Hospital” (actualmente ubicado en el interior del Palacio de Gobierno) para “ejecutarlo de conformidad con la sentencia”.

“Su cadáver fue inmediatamente expuesto en la plaza más cercana en un tablado exprofeso para que toda la gente pudiera contemplarlo”.

“Los habitantes de Chihuahua desfilaron ante el cadáver del mártir, llenos de respeto. Jamás creyeron que en aquel crimen se resolvería la situación iniciada por aquel viejecillo dulce, que jamás olvidó su agudeza”.

“Consternada quedó la sociedad de San Felipe con estas escenas sangrientas y horrorosas”

En 1812, se reveló que los presbíteros Mariano Balleza y Juan Francisco Olmedo, quienes no habían sido degradados por el obispo Olivares, en un intento por salvarlos de la ejecución. Finalmente, fusilados el 15 de julio en la Hacienda de San Juan de Dios, en Durango, tras la muerte del obispo.

“También fueron fusilados los Oficiales subalternos Trinidad Pérez, Ventura Ramón y José Plácido Morrión, sin haber podido precisar las fechas”.

El Lic. Ramón Garcés, ejecutado el 6 de julio de 1812.

Con estas ejecuciones finalizó la serie de fusilamientos que había afectado a los primeros caudillos de la Independencia. Mientras tanto, en el sur de México, Morelos, discípulo y enviado de Hidalgo, comenzaba a demostrar su valía y habilidad militar frente al gobierno español.

Los Insurgentes fusilados fueron depositados en el Cementerio de San Felipe, excepto Hidalgo, a quien se le enterró en la Capilla de San Antonio, anexa al Templo de San Francisco de Asís.

“En el primer Congreso Nacional, por decreto en el año 1823, declaró Beneméritos de la Patria en grado heroico a los primeros caudillos de la insurrección iniciada en Dolores; se dispuso que los nombres de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez se inscribieran con letras de oro en su Salón de Sesiones y que sus despojos mortales fueran exhumados y conducidos a la Capital de la República.

En cumplimiento del anterior decreto se verificó la exhumación y remisión de dichos restos en el mes agosto siguiente, fueron depositados en el Altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana y en septiembre de 1925 el Presidente de la República, General Plutarco Elías Calles, dispuso que se depositaran en la columna de la Independencia, situada en el Paseo de la Reforma”.

Los restos de los 19 Insurgentes, que también fueron fusilados, permanecieron en la ciudad de Chihuahua. Al desaparecer el cementerio de San Felipe, también desapareció el vestigio de su tumba.

Tiempo después se colocó en el cruce de la calle Independencia y Simón Bolívar, un monolito con placa de bronce, que contiene los nombres de los Insurgentes, con el fin de que nuestra memoria y consciencia cívica permanezca. La placa de bronce fue una propuesta del Jefe de Archivo Histórico Municipal, Profr. Rubén Beltrán Acosta.

En la actualidad también existe un monumento de cuarenta metros de altura y veinte toneladas (autores de la obra Juan Pablo González Villalobos y Fausto Alvarado) erigido durante la celebración del bicentenario de la Independencia de México. Entre la Av. Pacheco y Blvd. Juan Pablo II como homenaje a los “Insurgentes Olvidados”.

La historia de la independencia de México está entrelazada por el sacrificio y la acción de muchos Insurgentes cuyas contribuciones han sido, en gran medida, olvidadas. Héroes anónimos, que al igual que los líderes principales, enfrentaron la represión y la muerte, sus nombres han quedado relegados a las sombras de la historia. Darles el debido reconocimiento es una forma de entender que la lucha por la Independencia fue un esfuerzo colectivo en el que participaron seres humanos, cada uno importante por sus acciones y servicio, permitiéndonos valorar la amplitud del movimiento independentista en la construcción de una nación. Su memoria nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la historia en la identidad de un país.

Bibliografía

Solis, G. M. (1993). Acontecimientos chihuahuenses. Ayuntamiento Chihuahua.

Vargas, J. (2010). Chihuahua, horizontes de su historia y su cultura, tomo I.

Fuente electrónica

Municipio Chihuahua

https://drive.google.com/file/d/1CEkD4zwc3Sev_HCpynNsIclASGnzMHAk/view